domingo, 10 de enero de 2021

EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES (Eduardo Rojo )

domingo, 6 de diciembre de 2020 (Estudio (Eduardo Rojo Tordecilla) Unión Europea. La puesta en marcha del semestre europeo 2021. Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021, Propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro, Proyecto de informe conjunto sobre el empleo, e Informe sobre el mecanismo de alerta
1. La Comisión Europea, presidida por Ursula der Leyen, hizo públicos el 18 de noviembre los documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2021 de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales, y que he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021, publicada dos meses antes, el 17 de septiembre, en la que se afirma, según una nota de prensa, que “inaugura el siguiente ciclo del Semestre Europeo y establece la orientación estratégica para la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Confirma el objetivo de la UE de seguir una nueva estrategia de crecimiento basada en el Pacto Verde Europeo y en el concepto de sostenibilidad competitiva. Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva, a saber, la sostenibilidad medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica, identificadas en la EACS del año pasado deben seguir siendo los principios rectores para la aplicación del Mecanismo”. Se añade que “Para poder acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros deben presentar proyectos de planes de recuperación y resiliencia en los que se expongan los programas nacionales de inversión y reforma adoptados en consonancia con los criterios estratégicos de la UE mencionados anteriormente. Los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros también deben abordar los retos de política económica que figuran en las recomendaciones específicas por países de los últimos años y, en particular, en los ciclos de 2019 y 2020. Dichos planes deben permitir asimismo a los Estados miembros intensificar su potencial de crecimiento económico, creación de empleo y resiliencia económica y social, así como hacer frente a las transiciones ecológica y digital”. Tomando en consideración más general todos los documentos presentados, la Comisión explica que presenta “su paquete de otoño relativo a la política económica, que abarca los dictámenes sobre los proyectos de planes presupuestarios de la zona del euro (PPP) para 2021 y las recomendaciones políticas para la zona del euro. Se trata de la última etapa del ciclo del Semestre Europeo de 2021, que se inició en septiembre con la publicación de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible centrada en el concepto de sostenibilidad competitiva. La Estrategia también proporcionó a los Estados miembros orientaciones estratégicas para la elaboración de sus planes de recuperación y resiliencia y determinó la relación existente entre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Semestre. El paquete de medidas presentado hoy se basa en las previsiones económicas de otoño de 2020, elaboradas en un contexto de gran incertidumbre, que preveían que, debido a la perturbación económica provocada por la pandemia de coronavirus, la producción en la zona del euro y en la UE en 2022 se situaría por debajo del nivel alcanzado antes de que se declarara la enfermedad”. La CE ha presentado varios documentos. Además del anteriormente publicado dedicado a la estrategia sostenible, cabe destacar que se han publicado la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la gobernanza económica de la UE, el Informe sobre el mecanismo de alerta, y la Propuesta deinforme conjunto sobre el empleo (PICE). El acceso a todos los documentos se encuentra disponible en este enlace Respecto al PICE, se presenta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un resumen anual de las evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones: impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades (orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017. En la presentación de los documentos del semestre europeo, se manifestó lo siguiente por el Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de una economía al servicio de las personas, “Ahora que Europa se encuentra sumergida en la segunda ola de la pandemia, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para ayudarnos mutuamente a capear el temporal. El presente paquete de otoño tiene por objeto pilotar las economías de la UE conduciéndolas hacia aguas más serenas y proporcionar orientaciones políticas que permitan nuestra recuperación colectiva. Para que Europa se recupere y reafirme como una fuerza competitiva en la escena mundial, necesitamos medidas de apoyo presupuestario específicas y temporales, así como reformas e inversiones cuidadosamente elegidas que impulsen una recuperación justa, integradora y sostenible. Ahora, es preciso lograr un rápido acuerdo político sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de modo que este instrumento nos brinde el ancla financiera necesaria para resistir ante la tormenta. Aliento a todos los Estados miembros a que establezcan agendas políticas ambiciosas en sus planes de recuperación y resiliencia, en beneficio de todos”». Por su parte, el comisario de Economía, Paulo Gentiloni, subrayó que “La mayoría de las medidas incluidas en los presupuestos de 2021 de los países de la zona del euro apoyan adecuadamente la actividad económica. Pero para lograr una recuperación fuerte y equilibrada se requiere la rápida entrada en vigor de Next Generation EU a fin de restablecer la confianza, relanzar la inversión e impulsar reformas transformadoras con objeto de preservar nuestro planeta, construir sociedades más justas y lograr el éxito de la digitalización” Desde la perspectiva más estrictamente social, el comisario de empleo y derechos sociales, Nicolas Schmit, destacó lo siguiente: “La crisis de la COVID-19 ha puesto fin a la tendencia positiva que se venía observando desde hace seis años en el mercado laboral, lo que ha afectado a todos los europeos, en particular a los jóvenes, y a las personas con contratos temporales o atípicos. La UE seguirá movilizando todos los recursos a su alcance y apoyando a los Estados miembros en sus esfuerzos por atenuar las consecuencias socioeconómicas de la crisis, proteger a los trabajadores, mantener el empleo y facilitar la transición laboral hacia la economía verde y digital. Debemos centrar nuestros esfuerzos en la capacitación y la formación a fin de lograr la adaptación al mercado laboral que surgirá tras la COVID-19. Es fundamental que, en este periodo de crisis, lleguemos a las personas más vulnerables de la sociedad y hagamos más hincapié en la lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades”. Reproduzco a continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados en el título de esta entrada por lo que respecta a sus contenidos referidos a las políticas de empleo y protección social. Para el estudio y análisis de los documentos presentados en 2020 remito a esta entrada, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/12/union-europea-la-puesta-en-marcha-del.html 2. El texto de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada a la Estrategia anualde crecimiento sostenible 2021. “I. Introducción La pandemia de COVID-19 ha provocado una recesión repentina y profunda en el mundo. A pesar de la respuesta firme, coordinada e innovadora a escala nacional y de la UE, sigue habiendo muchas incertidumbres; en particular, se desconoce cuánto durará esta crisis y cómo afectará exactamente a nuestras vidas y economías. Tenemos que proteger a los ciudadanos europeos, su salud y sus empleos, garantizando al mismo tiempo la equidad, la resiliencia y la estabilidad macroeconómica en toda nuestra Unión. Si bien la pandemia ha afectado a todos los Estados miembros, la magnitud del impacto, así como el ritmo y la fortaleza de la recuperación variarán considerablemente de unas regiones a otras. ……………………. II. Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia: cómo alcanzar el objetivo de la UE de sostenibilidad competitiva El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se fundamenta en el objetivo de la UE de lograr la sostenibilidad competitiva y la cohesión a través de una nueva estrategia de crecimiento, el Pacto Verde Europeo. La transición a un modelo económico sostenible e integrador, propiciado por una difusión y adopción más generalizadas de tecnologías digitales y limpias, puede convertir a Europa en un líder transformador. Lejos de suponer una desviación respecto de la agenda anterior a la COVID-19, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia debe acelerar la adopción de medidas destinadas a hacer frente a los problemas preexistentes, evitando al mismo tiempo cualquier nuevo retroceso vinculado a la crisis. Las cuatro dimensiones de sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica recogidas en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2020 deben seguir siendo los principios por los que se rijan los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros. Estas prioridades constituyen el núcleo del Semestre Europeo y garantizan que la nueva agenda de crecimiento logre unos resultados óptimos para las personas y el planeta. …. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la urgente necesidad de abordar cuestiones inveteradas que afectan a la equidad en la sociedad. Ello incluye la preparación y la resiliencia de los sistemas nacionales de salud y protección social, así como la igualdad de acceso a una asistencia sanitaria asequible y de calidad, los cuidados de larga duración y los sistemas de atención a la infancia, el cambio demográfico, la globalización o las transiciones digital y ecológica. Los retos que deben abordarse pueden abarcar ámbitos como el empleo, las capacidades, la salud y la educación, en particular para hacer frente al aumento de las desigualdades y apoyar a las personas más afectadas por la crisis, como las generaciones jóvenes, las mujeres y los grupos vulnerables. La pandemia de COVID-19 también ha puesto de manifiesto la necesidad de crear un entorno empresarial más justo y sostenible y de reconsiderar las condiciones de trabajo en muchos sectores. El prolongado confinamiento ha impulsado los servicios en línea y el comercio electrónico, tendencia que probablemente continuará. Sin embargo, el entorno en línea está dominado actualmente por unos pocos grandes operadores, con un poder de mercado cada vez mayor y unas bases impositivas móviles, a veces en detrimento de la capacidad de muchas pequeñas empresas europeas de iniciar su actividad y expandirse en el mercado único. Debe prestarse especial atención a brindar apoyo a aquellos sectores que desempeñan un papel clave para nuestras democracias, especialmente el sector de los medios de comunicación, en el que la ayuda debe prestarse respetando y promoviendo la libertad y el pluralismo. También es necesario apoyar a las regiones, las industrias y los trabajadores más afectados por la transición ecológica y mitigar sus repercusiones socioeconómicas, de cara a garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y las empresas. …………………… III. Principios clave en los que se sustentan los planes de recuperación y resiliencia: establecer prioridades para los Estados miembros El Semestre Europeo proporciona un marco consolidado para la coordinación de las políticas económicas y de empleo a fin de orientar a la Unión y a los Estados miembros en la superación de los obstáculos que plantean la recuperación y la doble transición. Los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros deben abordar eficazmente los retos políticos recogidos en las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo. Revertirá en nuestro interés común abordar las necesidades de reformas e inversión en paralelo, pues ambos aspectos deben ir de la mano para lograr un efecto en el que se refuercen recíprocamente. Los planes de recuperación y resiliencia deberán reflejar los retos específicos pertinentes de cada país y ajustarse a las prioridades de la UE. Ello incluye las recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros en los últimos años y, en particular, en los ciclos del Semestre de 2019 y 2020. Al traducir esas recomendaciones en reformas e inversiones específicas, los Estados miembros deben centrarse en los retos y prioridades que generen el impacto más duradero y refuercen el potencial de crecimiento, la creación de empleo, los sistemas sanitarios, la resiliencia económica y social y la cohesión regional de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, las reformas y las inversiones tendrán que respetar el principio de «no causar ningún perjuicio», utilizando como referencia, en la medida de lo posible, el Reglamento de la UE relativo a la taxonomía. Equidad El proceso de recuperación y transición debe ser equitativo para evitar que crezcan las desigualdades entre los europeos, garantizar el apoyo de todos los sectores de la sociedad y contribuir a la cohesión social, económica y territorial. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los retos estructurales que se han detectado desde hace muchos años en el contexto del Semestre Europeo y que se han visto amplificados por la crisis de la COVID-19. Aunque los regímenes de reducción del tiempo de trabajo contribuyeron a contener el impacto de la crisis sobre el empleo, las condiciones del mercado laboral se están deteriorando, y se espera que el desempleo aumente considerablemente en varios sectores y partes de Europa. La situación de los jóvenes requiere una atención especial. Deben hacerse todos los esfuerzos posibles para evitar que arraiguen el desempleo y la exclusión social y facilitar la adaptación del mercado laboral, como exigen las transiciones ecológica y digital. También será importante fomentar la convergencia y mejorar la resiliencia de las regiones, en particular para reducir las disparidades territoriales. A la luz del pilar europeo de derechos sociales, los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, la educación inclusiva, unas condiciones de trabajo justas y una protección social adecuada. Junto con el cambio demográfico, las transiciones ecológica y digital requieren replantearse los sistemas de protección social y los mercados laborales actuales. Además de a los jóvenes, la crisis ha afectado de manera desproporcionada a las mujeres y a los grupos desfavorecidos, como las personas con escasas cualificaciones, los discapacitados y las personas de origen racial o étnico minoritario. Ello requerirá realizar esfuerzos sustanciales para facilitar su acceso al mercado laboral, por ejemplo, luchando contra la segmentación de este en muchos Estados miembros, reforzando las políticas activas del mercado de trabajo, pero también aumentando la inclusividad de los sistemas educativos. A este respecto, la igualdad de acceso a una educación y formación de alta calidad para los grupos desfavorecidos es especialmente importante de cara a compensar el hecho de que el entorno socioeconómico sea actualmente el factor determinante más importante de los resultados educativos de los niños y jóvenes. Diversas formas de desigualdad limitan el crecimiento y la cohesión social. Tendrá importancia creciente garantizar la igualdad de acceso a la educación y una asistencia sanitaria de calidad, así como reforzar los cuidados de larga duración, ya que el impacto global de la COVID-19 en la salud pública persistirá durante años. Garantizar la prestación de servicios sanitarios de alta calidad que sean fiscalmente sólidos, asequibles y accesibles contribuye a una sociedad sana y resiliente y a garantizar una mano de obra productiva. También es necesario luchar contra las elevadas y persistentes brechas laboral y salarial entre hombres y mujeres. A este respecto, es fundamental apoyar adecuadamente unas políticas eficaces de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, garantizar el acceso a guarderías de calidad, regímenes de apoyo a la renta, reformas de los sistemas fiscales y de prestaciones que contribuyan a la creación de empleo de calidad y reducir los desincentivos al trabajo. Reformar el sistema de protección social y el sistema tributario pueden reducir las desigualdades, desplazando, por ejemplo, la presión fiscal del factor trabajo hacia impuestos que produzcan efectos menos distorsionadores. ….. V. Agrupar todas las partes del Semestre Europeo para centrarse en las reformas y las inversiones El Semestre Europeo y el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están intrínsecamente vinculados. La evaluación de los planes de recuperación y resiliencia se cotejará con las recomendaciones específicas por país. Dado que los plazos del Semestre Europeo y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se solaparán, es necesario adaptar temporalmente el Semestre Europeo a la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Los planes de recuperación y resiliencia se convertirán en el principal documento de referencia de las iniciativas políticas de los Estados miembros orientadas al futuro. Habida cuenta de las complementariedades con el Semestre y con el fin de racionalizar el contenido y el número de documentos solicitados, se insta a los Estados miembros a presentar el Programa Nacional de Reformas y su plan de recuperación y resiliencia en un único documento integrado. En él se ofrecerá una visión general de las reformas e inversiones que el Estado miembro llevará a cabo en los próximos años, en consonancia con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para los Estados miembros que presenten su plan de recuperación y resiliencia en 2021, la Comisión adjuntará a las propuestas de actos de ejecución del Consejo documentos analíticos que evalúen el contenido de dichos planes. Estos documentos sustituirán a los informes por país del Semestre Europeo en 2021. El paquete de propuestas de actos de ejecución y evaluaciones por países reorientadas se publicarán en lotes escalonados, dependiendo de las respectivas entregas de los planes de recuperación y resiliencia y de la finalización de las evaluaciones de la Comisión. Dada la naturaleza política global y prospectiva de los planes de recuperación y resiliencia, no será necesario que la Comisión proponga recomendaciones específicas por país en 2021 para los Estados miembros que hayan presentado dichos planes. No obstante, la Comisión propondrá recomendaciones sobre la situación presupuestaria de los Estados miembros en 2021, según lo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La aplicación de las reformas seguirá siendo objeto de seguimiento sobre la base de las recomendaciones específicas por país de años anteriores. La grave recesión económica provocada por la crisis de la COVID-19 generará riesgos de que se produzcan nuevos desequilibrios macroeconómicos, en particular debido al aumento del endeudamiento de las empresas y los hogares, lo que, a su vez, puede trasladarse al sector financiero. Por lo tanto, la supervisión en el marco de los procedimientos de desequilibrio macroeconómico del próximo ciclo deberá centrarse en estos riesgos emergentes. Este será un aspecto central del Informe sobre el Mecanismo de Alerta de noviembre de 2020. Junto con la evaluación de los programas de estabilidad y convergencia que los Estados miembros deberán presentar a finales de abril de 2021, la Comisión incluirá también exámenes exhaustivos en los que se evalúe la situación de los desequilibrios en los Estados miembros de que se trate. 3. Parecidas propuestas, como no podría ser de otra forma, se recogen en la propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro. “… La recuperación en 2021 ahora se prevé que será más lenta de lo que se había esperado y una gran brecha de producción de alrededor del -7,0 % del PIB potencial en 2020 no se habrá cerrado para finales de 2021…. Las perspectivas del mercado laboral también han empeorado, interrumpiendo siete años de mejoras. Sin embargo, debido al éxito de la aplicación de medidas ambiciosas en todos los Estados miembros, como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras políticas de apoyo para evitar despidos masivos y grandes pérdidas de ingresos, el aumento del desempleo se ha visto mitigado por un descenso de las tasas de actividad porque los trabajadores desisten y abandonan el mercado laboral, junto con un descenso del número total de horas trabajadas… La aplicación de políticas bien diseñadas en el contexto del Instrumento Next Generation EU y su principal instrumento, el MRR, ayudará a los Estados miembros a acometer reformas que propicien el crecimiento y aumentará el nivel y la calidad de las inversiones, en consonancia con los objetivos de resiliencia y la doble transición ecológica y digital. Ello deberá contribuir a la creación de capital humano y al éxito de la transición laboral de los trabajadores, factores que, junto con los fondos de la política de cohesión, serán esenciales para garantizar la cohesión, fomentar la productividad y mejorar la resiliencia económica y social. Son fundamentales los objetivos de crecimiento de la UE y los retos estructurales nacionales, incluidos los señalados en las recomendaciones específicas por país de 2019 y 2020. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 7 , que promueve estos objetivos, presenta siete iniciativas emblemáticas: 1) Activación, 2) Renovación, 3) Recarga y Repostaje, 4) Conexión, 5) Modernización, 6) Expansión y 7) Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional. Unos sistemas sanitarios y de protección social adecuados, eficientes e integradores ofrecen una protección muy necesaria a quienes más lo necesitan, desempeñan un papel clave como estabilizadores automáticos y deben preservar la sostenibilidad presupuestaria. Dado que la cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada en la mayoría de los Estados miembros de la zona del euro, algunas de las reformas consistirían en desplazar la presión fiscal hacia bases impositivas menos perjudiciales para la oferta de trabajo, la productividad, la inversión y el crecimiento, teniendo en cuenta al mismo tiempo el correspondiente impacto distributivo. Hacer más uso de la fiscalidad medioambiental u otras formas de determinación de precios de las externalidades puede contribuir al crecimiento sostenible, incentivando comportamientos «más ecológicos». 13. Unas reformas e inversiones que mejoren la integración y las transiciones en el mercado laboral, con especial atención a los empleos digitales y ecológicos, son esenciales para aumentar la resiliencia económica y social y apoyar la recuperación. Las medidas de crisis adoptadas inmediatamente a nivel nacional y de la Unión han limitado el impacto económico y social negativo para los trabajadores. Al mismo tiempo, una serie de reformas iniciadas hace tiempo son ahora aún más urgentes: políticas del mercado de trabajo activas y eficaces, incluido el apoyo individualizado, la mejora de la calidad y la inclusión de los sistemas de educación y formación para reforzar los resultados educativos desde una edad temprana, medidas sólidas de reciclaje y mejora de las capacidades e inversión en educación y formación para adultos y en plataformas de aprendizaje en línea, lucha contra la falta de cualificaciones, mejora de las perspectivas de empleo de los segmentos más vulnerables de la población activa, incluidos los jóvenes y los desempleados de larga duración, y eliminación de la brecha de género. Para apoyar una recuperación sostenible e integradora, es fundamental fomentar la creación de empleo de calidad y mejorar las condiciones de trabajo, en particular garantizando unos salarios mínimos adecuados y abordando la segmentación del mercado laboral. El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel importante en el éxito del diseño y la aplicación de las políticas. 14…. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales 15 es fundamental para orientar las políticas. Ante la crisis, es aún más acuciante garantizar una cobertura adecuada de protección social para todos, tanto en términos de asistencia sanitaria de calidad y de larga duración como en términos de ingresos de sustitución para todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos atípicos y los trabajadores por cuenta propia. Muchos Estados miembros han adoptado medidas temporales de apoyo a la renta y de asistencia social en favor de los grupos vulnerables con rentas muy bajas y de los trabajadores que no tienen derecho a prestaciones por desempleo. Se han tomado medidas en relación con las prestaciones, las condiciones de admisibilidad y los servicios adicionales en especie. Debe reforzarse la adecuación y la cobertura de los sistemas de protección social de modo que se garantice la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y la equidad intergeneracional. RECOMIENDA que, durante el período 2021-2022, los Estados miembros de la zona del euro adopten individualmente medidas mediante sus planes de recuperación y resiliencia, y colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de: Seguir mejorando la convergencia, la resiliencia y el crecimiento sostenible e integrador Garantizar unas políticas activas eficaces en el mercado laboral y apoyar las transiciones laborales, en particular hacia la economía ecológica y digital. Fomentar unas condiciones de trabajo justas y abordar la segmentación del mercado laboral. Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva. Reforzar unos sistemas de educación y formación integradores y la inversión en la adquisición de cualificaciones, abordando la escasez de las mismas. 4. El estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del Proyecto de Informe conjuntosobre el empleo presentado por la Comisión al Consejo, que será definitivamente aprobado, como en años anteriores, en el Consejo Europeo de marzo de 2021 Se trata de un extenso documento de 145 páginas, que dedica su capítulo I a las principales tendencias sociales y de mercado laboral en la Unión; más adelante, son objeto de presentación “los principales resultados del análisis del cuadro de indicadores sociales asociado al pilar europeo de derechos sociales”, mientras que en el capítulo 3 se ofrece una descripción detallada de las acciones emprendidas por cada Estado. Los principales mensajes clave son los siguientes: “… El Informe conjunto sobre el empleo tiene por objeto ayudar a los Estados Miembros a determinar las esferas prioritarias para las reformas y la inversión. En cumplimiento del mandato del artículo 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Informe conjunto sobre el empleo ofrece una visión general de los principales acontecimientos sociales y en materia de empleo en Europa y de la aplicación de las Directrices para el empleo. Ha sido parte integrante del Semestre Europeo desde el principio, destacando los principales desafíos sociales y de empleo que deben abordarse en el ciclo anual, como parte del Paquete de Otoño. En el excepcional Semestre Europeo de 2021, el Informe Conjunto sobre el Empleo ayudará además a los Estados Miembros a determinar las esferas prioritarias de reforma e inversión que han de incluir en sus planes de recuperación y resistencia, en el marco de las Directrices para el Empleo. Los resultados del Cuadro de indicadores sociales que acompañan al pilar europeo de los derechos sociales se presentan en el Informe conjunto sobre el empleo y pueden servir para desarrollar los planes nacionales. Además, también en el contexto del Informe Conjunto sobre el Empleo, la Comisión evaluará el contenido de los planes en los documentos analíticos que acompañan a las propuestas de actos de aplicación del Consejo. En cooperación con el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, la Comisión también seguirá de cerca todos los acontecimientos sociales y del mercado de trabajo con la actualización periódica del correspondiente Monitor de Desempeño del Empleo y el Monitor de Desempeño de la Protección Social. ********* La crisis de COVID-19 ha afectado fuertemente los resultados del mercado laboral en la UE. Aunque los signos de desaceleración de las cifras de empleo ya eran evidentes en el segundo semestre de 2019, la mayoría de los indicadores del mercado de trabajo han interrumpido su tendencia positiva al estallar la pandemia. El empleo total (que había aumentado en 15 millones desde mediados de 2013) se redujo en 6,1 millones de personas entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, lo que supone el descenso más acusado observado en dos trimestres sucesivos. Tras seis años de evolución positiva hacia el objetivo de empleo de Europa 2020, la tasa de empleo se alejó de él en 2020. La rápida adopción de planes de trabajo de corta duración y otras medidas de retención en el mercado de trabajo, junto con la disminución de las tasas de actividad, dieron lugar hasta ahora a un aumento sólo moderado de la tasa de desempleo, de un punto porcentual (pp) para septiembre de 2020. No obstante, el desempleo juvenil (15 a 24 años) aumentó de manera más marcada que el desempleo de otras cohortes de edad, y se disparó la proporción de jóvenes que no tienen empleo ni educación o formación (NEET). Los trabajadores no nacidos en la UE también se han visto gravemente afectados. Estos resultados varían considerablemente entre los países, las regiones y los sectores y requieren una estrecha vigilancia y esfuerzos de política para evitar un impacto más negativo a corto plazo. El uso masivo de esquemas de trabajo de corta duración ayudó a mitigar las consecuencias de la conmoción en el mercado laboral. Las horas trabajadas por trabajador disminuyeron abruptamente, en un 11,3% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el último trimestre de 2019; al mismo tiempo, las ausencias del trabajo se incrementaron, pasando del 9,7% en el cuarto trimestre de 2019 al 21,8% en el segundo trimestre de 2020 (alrededor de la mitad de este aumento se debe a los despidos temporales). Desde el comienzo de la crisis, los Estados Miembros han ampliado (o introducido, cuando no se disponía de ellos anteriormente) los planes de trabajo a jornada reducida y/u otros planes de conservación del empleo, con el fin de limitar la pérdida de puestos de trabajo, evitar la dispersión del capital humano y sostener la demanda agregada. La Unión Europea está apoyando este esfuerzo con el instrumento temporal Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE). El uso extraordinario y sincronizado de los planes de trabajo de corta duración ayudó a hacer frente a las consecuencias inmediatas de la crisis y evitó un aumento del desempleo. Sin embargo, cuanto más dure la crisis, mayor será el riesgo de subvencionar puestos de trabajo en empresas que ya no son viables. Por lo tanto, al considerar la eliminación gradual de los planes de trabajo a jornada reducida, es importante sopesar cuidadosamente, por un lado, la necesidad de proteger a las empresas y a los empleados mientras las condiciones económicas lo requieran y, por otro lado, la introducción de políticas para promover el cambio estructural y la reasignación de los trabajadores (por ejemplo, mediante incentivos de contratación y medidas de readaptación profesional bien diseñadas). La conmoción económica se experimenta de forma diferente en los distintos sectores y categorías de trabajadores. Todas las actividades económicas, excepto la construcción, redujeron su número de empleados en el año hasta el segundo trimestre de 2020, pero las disminuciones más pronunciadas se observaron en el sector de la hostelería, en el sector cultural y del espectáculo, así como en las actividades profesionales. La caída del empleo ha afectado en mayor medida a los trabajadores en formas de empleo no estándar, aunque con fuertes diferencias entre los países. Los empleados temporales se han visto gravemente afectados, con una disminución interanual del 16,7% en el segundo trimestre de 2020, mientras que el empleo permanente se ha mantenido estable, gracias también a la respuesta de las políticas. Esto se ha traducido en una disminución significativa de la proporción de empleados temporales sobre el total de empleados, una vez más con grandes diferencias entre los países. Debido a COVID-19, los Estados Miembros corren el riesgo de enfrentarse a un fuerte aumento del desempleo juvenil, lo que exige reformas y un apoyo reforzado. Tras una disminución continua en 2019, el desempleo juvenil en toda la Unión Europea pasó de un mínimo del 14,9% en marzo de 2020 al 17,1% en septiembre, aumentando a un ritmo más rápido que el desempleo general. La crisis también provocó el mayor aumento entre dos trimestres consecutivos de las tasas de jóvenes de 15 a 24 años que no tienen empleo, educación o formación desde el comienzo de la serie de Eurostat en 2006 (del 10,4% al 11,6% entre el primer y el segundo trimestre de 2020). En 2019, uno de cada diez jóvenes de 18 a 24 años abandonó la educación o la formación con una cualificación inferior a la de la enseñanza secundaria superior, y más de una cuarta parte de las personas de 30 a 34 años no tenía una cualificación con acceso directo al mercado de trabajo (formación profesional secundaria o cualificación de enseñanza superior). En las propuestas de la Comisión para la Recomendación sobre la educación y formación profesional y el Espacio Europeo de Educación se proponen objetivos para mejorar los logros tanto en la educación y formación profesional como en la educación terciaria. Dado que los aumentos de las tasas de ENF proceden en gran medida de la disminución de la demanda de mano de obra, serán esenciales las reformas para apoyar la creación de empleo, la educación y las aptitudes. Será fundamental que se aplique con éxito la Garantía de Juventud reforzada, que se basa en unos servicios públicos de empleo y unos sistemas de educación y capacitación que funcionen bien. En el caso de las mujeres jóvenes de la ENF, entre las que la inactividad desempeña un papel más importante que en el caso de los hombres, las reformas también deberían incluir medidas para eliminar los desincentivos fiscales al trabajo y ayudar a conciliar las responsabilidades laborales y de cuidado (véase también más adelante). Es probable que la crisis tenga un efecto desproporcionado en los migrantes no comunitarios, por lo que se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar su integración en el mercado laboral. Los migrantes no pertenecientes a la UE han visto mejorar su tasa media de empleo entre 2017 y 2019 (del 61,5% al 64,2%). Sin embargo, desde el inicio de la crisis la tasa de empleo había disminuido considerablemente (hasta el 60,8% en el segundo trimestre de 2020), debido a su excesiva representación entre los trabajadores temporales y en los sectores fuertemente afectados por la crisis, aunque desempeñaban un papel crucial en las ocupaciones clave de primera línea durante la pandemia. Además, es más probable que los trabajadores migrantes de primera generación se encuentren en ocupaciones menos calificadas, incluso cuando tienen educación terciaria. Las respuestas de los Estados Miembros en materia de políticas relacionadas con la oferta de cursos de idiomas, el acceso a la educación y la capacitación, la orientación sobre el mercado laboral y el reconocimiento de las aptitudes y las cualificaciones contribuyeron a mejorar su integración en el mercado laboral. El mantenimiento y fortalecimiento de esas políticas contribuiría a que la recuperación fuera más inclusiva y a aprovechar las aptitudes y el potencial de los migrantes, incluidos los refugiados. Abordar las causas de la segmentación del mercado de trabajo, incluso mediante la adaptación de la legislación y la garantía de que existan los incentivos adecuados para la contratación con contratos estables, es fundamental para mejorar la capacidad de recuperación social. La incidencia del empleo temporal difiere considerablemente entre los países, y los jóvenes y las mujeres están relativamente más representados en esta categoría. Los Estados Miembros con una proporción considerable de trabajadores con contratos de duración determinada han experimentado las mayores fluctuaciones en el empleo durante la crisis. Desde esta perspectiva, garantizar que los contratos de plazo fijo apoyen la entrada en el mercado de trabajo, al tiempo que sirven de "peldaño" para el empleo regular es fundamental para aumentar la resistencia social y apoyar una recuperación justa e inclusiva. Las reformas para modernizar la legislación de protección del empleo son importantes en este contexto, entre otras cosas, estableciendo condiciones claras para la utilización de los contratos temporales, evitando las relaciones laborales que conducen a condiciones de trabajo precarias y proporcionando los incentivos adecuados para la contratación con contratos permanentes. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben garantizar que los solicitantes de empleo con antecedentes laborales precarios tengan un acceso adecuado a la protección social y, en particular, a las prestaciones de desempleo mediante requisitos de elegibilidad adaptables y disfruten de oportunidades de formación y reciclaje. Muchos trabajadores todavía no están protegidos por un salario mínimo adecuado. A menudo los salarios mínimos legales son bajos en comparación con otros salarios de la economía, a pesar de los recientes aumentos en muchos Estados Miembros. Por lo general, el salario mínimo no es suficiente para proteger a los trabajadores contra el riesgo de la pobreza. Además, las brechas en la cobertura ocurren tanto en países con un salario mínimo legal (debido a las exenciones para categorías específicas) como en países donde los salarios se establecen exclusivamente a través de la negociación colectiva (para trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos). Tras una consulta con los interlocutores sociales, la Comisión propuso una directiva para garantizar que los trabajadores de la Unión estén protegidos por salarios mínimos adecuados. La propuesta tiene por objeto promover la negociación colectiva de los salarios en todos los Estados Miembros. A este respecto, los países que tienen salarios mínimos establecidos por ley deben establecer las condiciones para que los salarios mínimos se fijen a niveles adecuados, incluidos criterios claros y estables para la fijación de los salarios mínimos, valores de referencia indicativos para orientar la evaluación de la adecuación y actualizaciones periódicas y oportunas. También se pide a esos países que garanticen la utilización proporcionada y justificada de las variaciones y deducciones de los salarios mínimos legales, y la participación efectiva de los interlocutores sociales en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales. Por último, la propuesta prevé una mejor aplicación y vigilancia de la protección del salario mínimo establecido en cada país. La adaptación de las condiciones de trabajo ha pasado a ser fundamental durante la pandemia y seguirá siéndolo después, lo que exigirá inversiones en el lugar de trabajo y reformas para aumentar la disponibilidad de acuerdos de trabajo flexibles. Muchos Estados Miembros han adaptado sus condiciones de trabajo, incluso ampliando el uso del teletrabajo, prestando especial atención a la protección de los trabajadores vulnerables. Durante la emergencia sanitaria, el teletrabajo ha demostrado ser muy importante para garantizar la continuidad de las actividades, al tiempo que ofrece opciones más amplias para hacer frente a las necesidades de atención adicional. Sin embargo, también puede entrañar riesgos, incluidos los relacionados con el bienestar ocupacional, físico y mental de los teletrabajadores que trabajan desde el hogar. En perspectiva, la pandemia llevará a replantearse la organización de los lugares de trabajo y el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. Existen diferencias en el contenido y la cobertura de las reglamentaciones nacionales relacionadas con el teletrabajo, incluso en lo que respecta a la promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con ese fin. Sobre la base de las prácticas nacionales existentes en materia de negociación colectiva, los Estados Miembros deberían velar por que los entornos de trabajo sean seguros y estén bien adaptados, y por que se disponga ampliamente de modalidades de trabajo flexibles, a fin de equilibrar el trabajo, la familia y la vida privada. También es necesario prestar más atención a la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores en situaciones vulnerables y a la atracción de los que realizan trabajos no declarados al empleo estructurado. La pandemia también ha puesto de manifiesto la escasez de ciertas profesiones sanitarias y la necesidad de adaptar o mejorar sus condiciones de trabajo y sus aptitudes. Las políticas activas del mercado de trabajo son fundamentales para apoyar los ajustes del mercado de trabajo tras la crisis de COVID-19. Los Estados miembros entraron en la crisis del empleo con diferentes tasas de cobertura de las políticas activas del mercado de trabajo (PAMT). Apoyar las transiciones fluidas del mercado laboral, al tiempo que se previenen los riesgos de una mayor polarización de las competencias es esencial para el crecimiento inclusivo. Esto es especialmente importante para los Estados miembros con tasas de desempleo de larga duración todavía elevadas, que probablemente se verán agravadas como consecuencia de la crisis de COVID-19. Los Estados miembros han modificado los marcos existentes o han introducido nuevos sistemas de PLA para responder mejor a las condiciones del mercado de trabajo, promover el empleo así como la mejora y la reconversión profesional, a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo. Ahora podrían tener la posibilidad de combinar los fondos de la política de cohesión con la financiación del Servicio para la Recuperación y la Resistencia a fin de seguir promoviendo PLA específicas, incluidas las medidas de mejora de la capacitación y la readaptación profesional. El acceso a los planes de prestaciones de desempleo con niveles y duración adecuados es fundamental para mitigar los efectos negativos de la crisis y apoyar la transición de los desempleados hacia nuevos puestos de trabajo. El suministro de prestaciones de desempleo adecuadas de duración razonable accesibles a todos los trabajadores, incluidos los que tienen contratos atípicos, es fundamental para apoyar a los solicitantes de empleo durante las transiciones. Se debe prestar especial atención a las personas con historiales laborales breves o discontinuos, ya que a menudo están menos cubiertas por esos planes. En respuesta a la pandemia, varios Estados Miembros han reforzado sus planes de protección contra el desempleo. Tal vez sea necesario seguir revisando esos planes tras los cambios en las condiciones económicas a fin de mantener unos ingresos adecuados y apoyar la activación efectiva del mercado de trabajo de los afectados. Los servicios públicos de empleo tendrán que ir más allá de las formas tradicionales de trabajo para hacer frente al aumento del número de personas que buscan empleo y apoyar su reasignación entre ocupaciones o sectores. La proporción de desempleados que utilizan los servicios públicos de empleo (SPE) para buscar trabajo ha seguido una tendencia decreciente en los últimos años, aunque con fuertes diferencias entre los Estados miembros. Los jóvenes, las personas poco calificadas y las personas mayores que buscan empleo siguen estando sobrerrepresentados entre quienes buscan asistencia de los SPE. En el contexto actual, para garantizar una respuesta adecuada y eficaz a las necesidades de los solicitantes de empleo y los empleadores puede ser necesario aumentar la capacidad en relación con el fortalecimiento de los sistemas de elaboración de perfiles, fomentando la capacidad de orientación y tutoría de los solicitantes de empleo. La inversión en soluciones actualizadas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y la readaptación del personal de los SPE será importante para reforzar su capacidad. Un apoyo más firme basado en planes de acción individuales podría ayudar a los afectados por la crisis a conseguir empleo en el contexto de una futura recuperación. El diálogo social y la participación de los interlocutores sociales en la formulación de políticas son fundamentales para fomentar una recuperación justa y sostenible y apoyar el crecimiento inclusivo. En varios Estados Miembros, los convenios colectivos y el diálogo social han contribuido a diseñar y aplicar la respuesta socioeconómica inmediata a la crisis de COVID-19, incluidas las medidas para adaptar rápidamente las pautas de trabajo, como la promoción del teletrabajo, y para proteger la salud, los ingresos y los empleos de los trabajadores de primera línea y esenciales. Las consultas con los interlocutores sociales en la respuesta a la crisis siguieron siendo intensas en los Estados Miembros que ya contaban con estructuras de diálogo social bien desarrolladas. En otros Estados Miembros, la crisis ha agravado la ya limitada participación de los interlocutores sociales antes de la emergencia sanitaria. A fin de asegurar la elaboración y aplicación eficaces y sin tropiezos de sus programas de reforma e inversión en el marco del nuevo Servicio para la Recuperación y la Capacidad de Recuperación durante el período 2021-23, es fundamental que los Estados Miembros colaboren con los interlocutores sociales en la preparación de sus planes nacionales de recuperación y capacidad de recuperación. …. La desigualdad general de ingresos disminuyó ligeramente en los últimos años antes de la pandemia de COVID-19, pero aumentó en el extremo inferior de la distribución de los ingresos en el último decenio, lo que suscitó preocupación por el carácter inclusivo del crecimiento económico. En promedio, en toda la UE, el 20% más rico de los hogares tiene una renta que supera en unas cinco veces la del 20% más pobre. En los últimos años, la desigualdad de ingresos aumentó más en la parte inferior de la distribución de los ingresos (S50/S20) que en la parte superior (S80/S50). Según estimaciones preliminares, los estabilizadores automáticos y las medidas de política adoptadas para hacer frente a la emergencia han silenciado hasta ahora el efecto de COVID-19 sobre la desigualdad. Para hacer frente a las desigualdades de ingresos es necesario que los Estados Miembros introduzcan reformas en diferentes ámbitos políticos, como el diseño de sus sistemas fiscales y de prestaciones, los mecanismos de fijación de salarios, la inclusión y la igualdad de oportunidades en la educación y la formación (desde una edad temprana) y el acceso a servicios asequibles y de calidad para todos. Debe garantizarse la evaluación de los efectos distributivos de las políticas, en particular en lo que respecta a las políticas que apoyan la doble transición verde y digital. …La crisis de COVID-19 es un poderoso recordatorio de la importancia de los sistemas de protección social y su papel en la mitigación de los efectos económicos y sociales de la reducción de la actividad económica. Es probable que la crisis de COVID-19 aumente el número de personas que reciben subsidios de desempleo y otras ayudas a los ingresos, lo que pone a prueba la capacidad de nuestros sistemas de protección social. Los países han ampliado y expandido los planes existentes y han ampliado sus condiciones de elegibilidad de manera temporal. En una fase de recuperación, se necesitan esfuerzos sostenidos para mantener y reforzar la protección social para todos de manera sostenible. Sobre la base de la respuesta a la crisis, se debe seguir mejorando la protección de los trabajadores por cuenta propia y de los trabajadores atípicos sobre una base estructural, de conformidad con la Recomendación sobre el acceso a la protección social. Las reformas deberían abordar, entre otras cosas, la cobertura, la adecuación, la transferibilidad de los derechos de protección social y el apoyo a la integración en el mercado de trabajo de quienes están en condiciones de trabajar. …El cambio demográfico sigue planteando problemas a largo plazo a los sistemas de pensiones. La adecuación de las pensiones se mantuvo generalmente estable en 2019. Los ingresos de las pensiones se deterioraron ligeramente en relación con los ingresos laborales, mientras que la proporción de personas mayores que sufren graves privaciones materiales siguió disminuyendo. La brecha entre los géneros en materia de pensiones sigue siendo grande, a pesar de una disminución gradual en los últimos diez años. Los efectos de la crisis en el empleo y los ingresos laborales, en particular en el caso de los trabajadores atípicos y los trabajadores por cuenta propia, se suman a los riesgos para la adecuación de las pensiones a largo plazo. Las reformas deben tener por objeto crear sistemas de pensiones inclusivos y sostenibles, que ofrezcan un acceso adecuado y oportunidades de ahorro a hombres y mujeres por igual y a personas con diferentes tipos de contratos y actividades económicas, garantizando al mismo tiempo unos ingresos mínimos adecuados en la vejez. Los Estados Miembros deberían adoptar medidas para hacer frente a los desafíos en materia de empleo, competencias y política social que se señalan en el presente Informe conjunto sobre el empleo. En el análisis presentado en el informe se destacan varias esferas prioritarias para las reformas y las inversiones. Éstas deberían tener por objeto fomentar la creación de empleo, facilitar las transiciones del desempleo al empleo y entre sectores, mejorar la capacidad de recuperación económica y social y mitigar el impacto de la crisis en el empleo y la sociedad. La financiación de la UE, incluso a través del Fondo Social Europeo Plus (con los recursos adicionales puestos a disposición por REACT-EU) y el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resistencia, proporciona apoyo a los Estados miembros para acelerar la aplicación de medidas políticas en estos ámbitos. De conformidad con las Directrices para el empleo, se invita a los Estados Miembros a que - Mantener los planes de trabajo a jornada reducida durante todo el tiempo que sea necesario y combinarlos con planes de mejora de las competencias y la capacitación; tan pronto como las condiciones lo permitan, introducir ayudas para la reasignación de la mano de obra (por ejemplo, mediante incentivos a la contratación bien diseñados), en particular hacia la economía ecológica y digital, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores durante la transición; - Velar por que los entornos de trabajo sean seguros y estén bien adaptados a los nuevos requisitos de distanciamiento social, y por que se disponga ampliamente de modalidades de trabajo flexibles; - Aumentar el apoyo al mercado laboral y las oportunidades de perfeccionamiento para hacer frente al aumento del desempleo juvenil, en particular mediante el apoyo al aprendizaje (en particular en las PYMES), las subvenciones a la contratación, la infraestructura de aprendizaje, la tecnología y el equipo; - Invertir en los servicios públicos de empleo, en particular para aumentar su capacidad, modernizar su infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones, fortalecer los sistemas de elaboración de perfiles y proporcionar al personal las aptitudes adecuadas; - Promover la negociación colectiva y el diálogo social; si existen salarios mínimos legales, garantizar las condiciones para que se fijen a niveles adecuados, mediante criterios claros y estables, y actualizaciones periódicas y oportunas, y con la participación efectiva de los interlocutores sociales; - Reformar la reglamentación del mercado laboral, así como los sistemas fiscales y de prestaciones, para garantizar que se reduzca la segmentación del mercado laboral y que la recuperación impulse los empleos de calidad; asegurarse de que los trabajadores con formas de trabajo atípicas y los trabajadores por cuenta propia tengan acceso a la protección social; - Invertir en la readaptación y la mejora de las aptitudes, en particular en el ámbito digital, reforzando los sistemas de educación y formación profesional, apoyando las asociaciones en gran escala entre el sector público y el privado y entre múltiples interesados en el marco del Pacto por las aptitudes, ofreciendo mayores incentivos a las empresas y los trabajadores para que se dediquen a la readaptación y la mejora de las aptitudes, invirtiendo en infraestructura y equipo, incluido el digital, apoyando a los maestros y los instructores; garantizar la igualdad de acceso a la educación y la formación; - Invertir en una protección social sostenible para todos, apoyando reformas para mantener y reforzar los niveles de protección y mejorando la protección de los que no están cubiertos; garantizar prestaciones adecuadas, la transferibilidad de los derechos, el acceso a los servicios y el apoyo a la integración en el mercado laboral de los que pueden trabajar; invertir en la calidad y la accesibilidad de los servicios de educación y atención en la primera infancia y los servicios de atención a largo plazo; evaluar los efectos distributivos de las políticas; - Invertir en la renovación de viviendas residenciales y sociales; facilitar el acceso a viviendas sociales y asequibles cuando proceda; - Invertir en la capacidad del sistema de atención de la salud, incluida la capacidad de reacción, la atención primaria, la coordinación de la atención, el personal de atención de la salud y la cibersalud. Reducir los pagos de bolsillo, mejorar la cobertura de la atención de la salud y promover la mejora de las aptitudes y la readaptación profesional de los trabajadores de la salud 5. Por último, cabe hacer una breve referencia al Informe presentado por la Comisión sobre elmecanismo de alerta 2021 (elaborado de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento (UE) n.º 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos) “… El análisis horizontal presentado en el IMA conduce a una serie de conclusiones: La incidencia de la crisis de la COVID-19 en el mercado de trabajo ha sido, por ahora, relativamente baja en comparación con la escala de la recesión, gracias, entre otras cosas, a medidas políticas como los regímenes de reducción del tiempo de trabajo, pero se espera que aumente el desempleo. La crisis ha puesto fin a años de mejora en los mercados de trabajo de toda la UE. Hasta la fecha, lo que ha causado ha sido, sobre todo, una reducción en el promedio de horas trabajadas por persona empleada, pero el desempleo solo ha aumentado ligeramente. Este fenómeno, consistente en el mantenimiento preventivo del personal, que ha caracterizado a muchas economías de la UE en 2020, se debe en gran medida a las iniciativas de financiación pública para preservar el empleo, en particular los regímenes temporales de reducción del tiempo de trabajo. Sin embargo, se espera que el desempleo aumente con cierto desfase, tal como suele ocurrir tras las recesiones. En particular, existen riesgos de pérdidas importantes de empleo en los sectores fuertemente afectados por la pandemia, que dependerán de la duración de sus efectos y del vigor de la respuesta política. Los costes laborales unitarios (CLU) han ido aumentando en varios países de la UE durante los últimos años debido a los incrementos salariales y a un débil crecimiento de la productividad, pero se espera que, a partir de ahora, empiecen a moderarse, tras experimentar un fuerte incremento en 2020…” Buena lectura. Publicado por Eduardo Rojopolítica social europea, UE

PERSONAS CUENTA PROPIA (RETA) Y JUB. ACTIVA

PERSONAS CUENTA PROPIA (RETA) Y JUBILACIÓN ACTIVA (ACLARACIONES)
Seguridad Social de los Autónomos/as 0. Presentación 1. ¿Qué es el RETA? 2. Prestación por cese de actividad o paro del autónomo 3. Cómo acreditar el cese de actividad de un autónomo 4. Cómo cotizar por contingencias profesionales 5. Prestación Incapacidad Temporal - Baja laboral del autónomo 6. Prestación por Incapacidad Permanente del autónomo 7. La jubilación del autónomo 8. Jubilación anticipada de los autónomos 9. Jubilación activa del autónomo 10. Tipos de pensiones del autónomo: a.-no contributivas 11. Prestaciones de la Seguridad Social para Autónomos 12. Tipos de pensiones del autónomo: contributivas 13. Tipos de jubilación del autónomo
Ver todos los artículos de esta guía A.- Tipos de jubilación del autónomo Todo trabajador, ya lo sea por cuenta propia o por cuenta ajena, tiene derecho, siempre que cumpla una serie de requisitos, a recibir una pensión cuando cumpla la edad legal de jubilación. Pero más allá de este básico acercamiento a la jubilación del autónomo, hay hasta 6 tipos diferentes (uno de ellos aún en proyecto) a los que puedes optar. Conócelos todos en este artículo.
Artículo actualizado el y escrito por Infoautónomos Tipos de jubilación del autónomo Si lo prefieres puedes escuchar este artículo sobre los Tipos de jubilación del autónomo aquí: Tipos de jubilación del autónomo: Jubilación contributiva La pensión de jubilación se percibe para compensar la pérdida de ingresos una vez que se llega a la edad legalmente establecida con la que se permite cesar, total o parcialmente, en la prestación de servicios. Una edad que está fijada en 65 años, con 36 años y 6 meses cotizados, para el año 2018. Si se tienen menos de 36 años y 6 meses cotizados, la edad aumenta hasta los 65 años y 6 meses. Un aumento paulatino hasta llegar a los 67 años, que será la edad legal de jubilación que quedará establecida en el año 2027, si tienes menos de 38 años y 6 meses cotizados (si tienes esa carencia cubierta, el sistema te seguirá permitiendo jubilarte a los 65 años). Pero la edad no es el único requisito a cumplir. Además: Estar dado de alta o en situación asimilada al alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Estar al corriente de pago. Para acceder a la jubilación es necesario cumplir con dos periodos de carencia: Uno genérico: un periodo mínimo de 15 años de cotización efectiva en el sistema en toda la vida laboral del beneficiario. Deben acreditarse en total 5.475 días. Uno específico: consistente en que al menos dos años (730 días, que no tienen por qué ser continuados) de la carencia anterior, estén dentro de un periodo que abarca los 15 años anteriores al momento de generase el derecho. La cuantía de la pensión contributiva de jubilación dependerá de la cantidad que se haya cotizado en la cuota de autónomos y del número de años cotizados. En 2018 se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 21 años para obtener la cifra a cobrar por el autónomo. Recuerda que irá incrementándose de forma paulatina hasta tener en cuenta 25 años en el año 2022. Tipos de jubilación del autónomo: Jubilación no contributiva Llegarás a este tipo de pensión sino cumples con los requisitos para estar en su modalidad contributiva. Es decir, cuando no se hayan alcanzado los mínimos de cotización establecidos o cuando no se haya cotizado nunca al sistema. Además, debes cumplir con los siguientes requisitos: Haber cumplido 65 años. En esta modalidad de jubilación no existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Ser residente en España. De hecho, se pierde la jubilación no contributiva si te trasladas al extranjero por un periodo superior a 90 días y no existe una acreditación médica que justifique la ausencia. Acreditar un mínimo de 10 años de residencia en nuestro país, o cualquier otro estado perteneciente a la Unión Europea, desde que se cumplieron 16 años hasta el momento de la solicitud. La cuantía de esta prestación ha aumentado desde agosto de 2018 a 5.321,40 €/año (en 14 pagas) ó 380,10 €/mes. Pero hay que tener en cuenta que si hay más personas dentro del mismo grupo familiar que cobren esta misma ayuda, su cuantía se disminuye proporcionalmente. Tipos de jubilación del autónomo: Jubilación activa Si quieres puedes jubilarte y mantenerte en activo a la vez. Sí, aunque suene raro, puedes optar por la jubilación activa. Es una posibilidad vigente desde hace tan solo 5 años y tiene por finalidad contribuir a la sostenibilidad del propio sistema de pensiones y promover el envejecimiento activo. Para percibir esta particular pensión tienes que cumplir con determinados requisitos: El acceso a la pensión tiene que producirse una vez cumplida la edad legalmente establecida y con el 100% de los años cotizados exigidos en cada momento. Por tanto, queda excluida de esta posibilidad la jubilación anticipada. El trabajo que vaya a ejercerse de manera paralela al cobro de la pensión puede ser a tiempo parcial o completo. Que la actividad profesional se desarrolle dentro del sector privado. Se podrá realizar cualquier actividad económica ya sea por cuenta propia del pensionista o por cuenta ajena. La cuantía a percibir en este tipo de pensión será el equivalente a la pensión contributiva. Pero con una salvedad, para poder cobrarla al 100% estás obligado a contratar a alguien, en caso de no hacerlo, solo percibirás el 50% de lo que te correspondería. Tipos de jubilación del autónomo: Jubilación anticipada Los autónomos también pueden optar a la jubilación anticipada desde los 63 años. Pero solo de manera voluntaria. Es decir, para el trabajador por cuenta propia no existe la posibilidad de “prejubilarse” por cese involuntario de la actividad, debido a despidos o situaciones similares, o por situación de crisis, como sí se reconocen en el régimen general para los asalariados. Además, tienes que cumplir con determinados requisitos: Haber cotizado como mínimo 35 años. Cesar en el trabajo por voluntad propia. Tener dos años menos que la edad legal de jubilación en el momento en que vaya a solicitarse. Como te decía, en la actualidad hablamos de 63 años, porque la edad de jubilación son 65 años. Pero ¡cuidado! porque esa edad irá aumentando de forma progresiva hasta el año 2027, cuando la edad de jubilación sean 67 años y la de solicitud de la anticipada sean los 65. Acreditar que, al menos, dos años de la cotización han sido trabajados dentro de los quince anteriores a la solicitud de la jubilación anticipada. En función de los años cotizados se aplicarán unos u otros coeficientes correctores. Lógicamente cuanto más te alejes de la edad que te corresponde para jubilarte legalmente, mayor será el recorte que experimente tu pensión. En inicio el coeficiente corrector para el autónomo que quiera jubilarse anticipadamente será del 8% (por año adelantado de jubilación) con hasta 38 años y seis meses cotizados. A partir de ahí: 7,5% para quienes hayan cotizado entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses. 6,8% para los que estén entre 41 años y seis meses cotizados y menos de 44 años y seis meses. 6,5% para quienes hayan cotizado igual o más de 44 años y seis meses. Tipos de jubilación del autónomo: Jubilación flexible La jubilación flexible es la modalidad que te permite compatibilizar la pensión con la realización de un trabajo a tiempo parcial entre un 25 y 50% de la jornada y siempre que el rendimiento neto no supere el Salario Mínimo Interprofesional anual. En este caso no se está obligado a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Además, esta pensión es compatible con la mera titularidad de un negocio y con el ejercicio de las funciones inherentes a dicha titularidad. Tipos de jubilación del autónomo: 1.-Jubilación parcial Para optar a este tipo de jubilación contributiva no hay que esperar a la edad exigible para jubilarte de manera completa, si no que podrás acogerte a ella a partir de cumplir los 60 años. Se compatibiliza con un trabajo a tiempo parcial y puede estar o no estar vinculada a la realización de un contrato de relevo. Una opción bastante apetecible si no fuera porque solo está disponible para los asalariados. Es decir, por ahora, ya que está pendiente de desarrollo parlamentario, los autónomos están excluidos de este tipo de jubilación. La jubilación especial a los 64 años tampoco está disponible para los trabajadores por cuenta propia. Como has podido comprobar en este artículo las posibilidades son muchas. Si quieres más información o que un especialista tramite por ti todo el papeleo, no dudes en ponerte con la asesoría online de Infoautónomos.
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lunes, 7 de diciembre de 2020

artículo de Miguel Arenas

Reflexiones sobre informe Comisión del Pacto de Toledo

miércoles, 28 de octubre de 2020

YA TENEMOS NUEVO PACTO DE TOLEDO. BREVE CRÍTICA.

Si en algo ha mejorado la Seguridad Social en estos últimos años, es sin duda a nivel de comunicación, y sin duda su revista, lo diga en serio, creo que ofrece muy buena información, a los ciudadanos pero, especialmente, a los operadores jurídicos. Para muestra, un botón. Las tres últimas comunicaciones:

1) Anuncio del cuarto consenso del Pacto  de Toledo, y breve historia del mismo:
https://revista.seg-social.es/2020/10/27/cuarto-consenso-en-25-anos-en-el-pacto-de-toledo/

2) Información de las pensiones contributivas a fecha de octubre de 2.020:
https://revista.seg-social.es/2020/10/27/la-nomina-de-las-pensiones-contributivas-se-situa-en-9-93011-millones-de-euros/

3) El Pacto de Toledo y las nuevas recomendaciones.
https://revista.seg-social.es/2020/10/27/el-pacto-de-toledo-aprueba-nuevas-recomendaciones-en-defensa-del-mantenimiento-y-mejora-del-sistema-publico-de-pensiones/

Dicho lo anterior, y con todo el recelo que me provoca el Pacto de Toledo, paso a analizar, muy brevemente, las nuevas "recomendaciones". De todas formas, en la web del Congreso, y en concreto de la Comisión del Pacto de Toledo (acceso aquí) no aparecen aún las recomendaciones finalmente acordadas....pero como Eldiario.es ha publicado un muy buen resumen efectuado por  creo que podemos analizarlo. Vamos con ello.

Recomendación 0 | Defensa del sistema público

El Pacto de Toledo reafirma "su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones" y se "opone a cualquier transformación radical del sistema" que suponga una ruptura de sus principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad, entre otros. Se descarta así la transformación del actual sistema de reparto por un modelo de capitalización, por ejemplo.

Se reitera que las cotizaciones sociales se mantengan como "la fuente básica" de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, "sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales", como pueden ser las transferencias del Estado. Se insiste además en que "las prestaciones no contributivas y los servicios de carácter universal se financien a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social".

Comentario: Bueno, ninguna novedad, ¿no?. Ya querrían los bancos que se implantase un sistema de capitalización y ser ellos quienes "guardaran" los depósitos de cada trabajador. Y claro, un sistema público que descanse en el principio de solidaridad, debe llevar aparejado el modelo actual de reparto (art. 110.1 LGSS). Aunque, por cierto, en contingencias profesionales no olvidemos que sí se aplica el sistema de capitalización (art. 110.3 LGSS). 

Recomendación 1 | Separación de fuentes

Esta puede que sea una de las recomendaciones más relevantes en lo que se refiere a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, la garantía de sus recursos para pagar las pensiones presentes y futuras. El Pacto de Toledo emplaza a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 e insiste en la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar a la población que 

Así, la comisión propone que estos gastos impropios pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, financiados por la fiscalidad general, entre los que incluye las ayudas a las empresas de reducciones en la cotización a la Seguridad Social, las tarifas planas y otros ejemplos de tratamiento favorable en la cotización, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, así como el complemento de maternidad en la pensión, entre otros.

Comentario: Bien, separación de fuentes... Lo lógico es que las prestaciones contributivas se financien con las cotizaciones a la seguridad social, (art. 101.b LGSS), pero tampoco impide, por ejemplo, las aportaciones del Estado. Y es peligros lo que proponen, ya que si determinadas prestaciones no se financian con cotizaciones, aunque las reconozca y abone la Seguridad Social -los ejemplos que propone son la maternidad/paternidad o el complemento de maternidad-, ¿cómo se financian?, ¿con impuestos?, ¿y cuales?... cuidado que a lo mejor, por no subir las cotizaciones empresariales, nos van a incrementar otros impuestos como el IVA o el IRPF.

Recomendación 2 | Subidas con el IPC

Otra de las "joyas" del documento, aunque ya conocida porque existe un preacuerdo al respecto desde 2018. El actual mecanismo de revalorización de las pensiones, que aprobó Rajoy y provocaba las subidas anuales del 0,25%, sacó a miles de jubilados a la calle en multitudinarias protestas. El Pacto de Toledo defiende en su recomendación dos "el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro".

El documento precisa que "la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones" y que el desarrollo de este "deberá ser consultado y debatido en el seno" de la comisión parlamentaria. Cualquier subida de las pensiones acordada por encima del IPC debería ser "sufragada con cargo a otros recursos financieros" ajenos a los de la Seguridad Social.

Comentario: Así lo hemos defendido desde 2012 y la congelación de las pensiones del RDLey 28/2012, y aún con más fuerza desde la aplicación del ridículo índice de revalorización del art. 58 LGSS, aún en vigor (sí, el del 0,25%). El art. 65.10 del Código Europeo de Seguridad Social, el 65.10 del Convenio OIT nº 102, los arts. 12, puntos 2 y 3 de la Carta Social Europea y el art. 4 del Protocolo Adicional a la CES, así obligan, a revalorizar las pensiones según se incremente el coste de la vida. 

Recomendación 3 | La 'hucha de las pensiones'

Se aborda también la situación del Fondo de Reserva, la llamada 'hucha de las pensiones', vaciada en un 90% durante el mandato de Rajoy ante el gran déficit que enfrentaban las cuentas de la Social. El Pacto destaca que "una vez se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social" el texto plantea que "debe retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva" y aboga por "establecer un remanente mínimo del Fondo de Reserva".

La comisión apunta que "el Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural", pero sí puede servir como "una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social".

Comentario: Recordemos que llegó a tener más de 66.000 millones de euros...y no queda prácticamente nada. ¿Cómo lo vamos a "llenar" en el actual contexto de crisis por la pandemia?.


Recomendación 4 | Cotización de autónomos

Este apartado apuesta por avanzar a dos únicos encuadramientos en la Seguridad Social, uno para los trabajadores por cuenta ajena y otro para los trabajadores por cuenta propia, para lo que "resulta conveniente finalizar la plena integración de los regímenes especiales", como es el de empleadas del hogar, por ejemplo. En la aspiración de equilibrar la protección social de asalariados y autónomos, el Pacto de Toledo recomienda "medidas que contemplen la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial" de los autónomos.

La Comisión sostiene que la sostenibilidad del sistema de pensiones "exige que, de manera gradual y acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo", se aproxime la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. En este punto se ha añadido la precisión de que este cambio se produzca "en el marco del diálogo social", es decir, que se negocie con los sindicatos y la patronal, una reclamación del PP, según fuentes del Pacto de Toledo.

Comentario: La distinción entre dos únicos encuadramientos debe ser la lógica culminación del sistema, pero si luego se crean sistemas especiales dentro de ellos, con menor protección -un clarísimo ejemplo son las Empleadas del Hogar, sin desempleo o con pensiones bajísimas-, no sé de que sirve. Y en cuanto a la adecuación de la cotización de los trabajadores del RETA, hace años que se intenta acomodar lo cotizado a los rendimientos reales. Si no se ha hecho es porque también tiene reflejo en las prestaciones, que serían mayores. 

Recomendación 5 | Periodos de cotización

El Pacto "considera adecuado" mantener en 15 años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social y coincide en que la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que se acordó en la reforma de las pensiones de 2011 y que culminará en 2022.

Como novedad en cambio el Pacto de Toledo recomienda evaluar "la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión". Es decir, que el trabajador pudiera elegir esos 25 años de manera que le sea más favorable para el cobro de su pensión, una solución que "puede resultar interesante" en supuestos como el de personas que durante un largo periodo de tiempo han experimentado una reducción significativa de las bases de cotización, por ejemplo los trabajadores que se vieron afectados por la pasada crisis económica con situaciones de paro de largo duración.

Para "los casos de vidas laborales muy prolongadas", la Comisión emplaza a considerar la posibilidad de que el trabajador pueda descartar "algún año concreto del periodo de cálculo ordinario" o escoger "el específico tramo de la carrera de cotización" que sirva de base para el cálculo de su pensión. Sobre la pensión máxima y la base máxima de cotización, el Pacto de Toledo cree que su relación "debe establecerse legalmente de forma clara y estable".

Comentario: Claro que son 15 años los que permiten acceder a la pensión de jubilación... no es inspiración divina, es lo que dice el art. 29.2 (a) del Convenio OIT nº 102 e idéntico artículo del Código Europeo de Seguridad Social. Y en cuanto al cálculo con 25 años, es injusto, ya que hoy se puede acceder incluso con menos de 15 años de cotización a la pensión de jubilación (por el Coeficiente Global de Parcialidad del art. 247 LGSS) lo que puede suponer, ante la enorme diferencia entre años para el cálculo de la base reguladora y años para el acceso, pensiones ridículas, indignas (aquí lo explico). Lo que corresponde es modificar la integración de lagunas, no los retoques que están proponiendo.

Recomendación 6 | Incentivos al empleo

El Pacto precisa que "la financiación de los incentivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales" y recomienda incentivos concebidos "como una herramienta excepcional" y concentrados "en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma singular", como las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género, entre otros.

Comentario: Completamente de acuerdo.

Recomendación 7 | Información ciudadana

Se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las obligaciones de información contenidas en el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, "de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión".

Comentario: Tiene gracia la cosa, ahora que es imposible acercarse a una oficina de la Seguridad Social....en fin....(ver comentario sobre "cita previa"). Y me da a mí, como ya pasó en la época de Rajoy, que lo que se pretende es que nos asustemos y valoremos hacer planes de pensiones individuales...

Recomendación 8 | Gestión del sistema

Dado que "la legitimidad del sistema de Seguridad Social también está relacionada con una gestión eficaz y eficiente", el Pacto destaca "la urgente necesidad de reforzar la dotación de las plantillas", entre otras cuestiones: "Resulta inaplazable abordar un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social; a tal efecto, debe programarse la cobertura ordenada, paulatina e ininterrumpida del desmesurado número de plazas que han ido quedando vacantes durante las últimas décadas".

Además, la Comisión defiende "una más estrecha y adecuada coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos".

Comentario: Nada que añadir, que contraten o que liciten plazas públicas, pero sí, que amplíen plantilla, que hace años que se están perdiendo aquellas, que no son ocupadas con nuevo personal.

Recomendación 9 | Mutuas de la Seguridad Social

Respecto a las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, destaca la llamada al cumplimiento de "la regla de paridad en la composición de sus órganos de gobierno", así como la recomendación de "dotarlas de cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos que resulte compatible con un estricto control por la Seguridad Social". El texto añade además que "se ha de avanzar en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las Mutuas, en especial en los servicios traumatológicos".

Comentario: Está claro, ni la más mínima intención de hacer públicas las mutuas que siguen siendo "asociaciones privadas de empresarios...sin ánimo de lucro" (art. 80 LGSS), ni de integrarlas en una única mutua especializada en AT/EP, pero insisto, que debería ser de carácter público. Reminiscencias del pasado, que siguen en la actualidad.

Recomendación 10 | Lucha contra el fraude

El Pacto insiste en la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y destaca su apuesta por "la clarificación de las lagunas legislativas bajo las que se ocultan abusos en la determinación del concreto régimen de afiliación en el que se debe cotizar", como puede ser el caso de los falsos autónomos. El documento también aboga por "el endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social".

Comentario: Empresas de Riders son el ejemplo más evidente de esta recomendación. Aquí lo explico.

Recomendación 11 | Tanto cotizas tanto recibes

Esta recomendación aborda lo que se conoce como "contributividad", es decir, "la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador".

Se apuesta por la "contributividad" del sistema y se precisa que, en los casos de vidas laborales muy prolongadas, "cabría valorar la posibilidad de la inclusión de medidas que, con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del beneficiario para descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o para escoger el específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo para la determinación de su pensión". La medida aliviaría la situación de las personas con carreras muy largas de cotización que se han visto afectadas por la pasada crisis al final de su carrera profesional, lo que les aboca a una gran penalización de su pensión.

Comentario: La contributividad del sistema es una de las grandes mentiras de nuestro sistema, y el Pacto de Toledo lo repite una y otra vez, a ver si al final nos lo creemos. Así el Magistrdo Rafael Antonio López Parada, de fecha 11/07/2019, STSJ CL 2914/2019 (acceso aquí), abordó esa cuestión. Vale la pena leer lo que dice: "...hay que recordar que en materia de Seguridad Social el principio de contributividad es meramente un principio político regulatorio, no un principio básico de configuración del sistema. En realidad la configuración del sistema de Seguridad Social ha de optar entre el sistema de capitalización y el sistema de reparto y esa es la opción política básica.....En este contexto y como un principio propio de un sistema de reparto es donde aparece la "contributividad", que es un principio abstracto que solamente sirve para justificar el endurecimiento de los requisitos para el acceso a las prestaciones elevando los periodos de carencia exigibles y la valoración de periodos extensos de cotización para el cálculo de la base reguladora....Es decir, la "contributividad" es una mera idea política que guía la legislación, pero no tiene una traducción técnica, de manera que la correlación entre cotizaciones y prestaciones es una mera idea-fuerza que no sigue pautas matemáticas ni actuariales. De ahí que en nuestro sistema se puedan buscar numerosos ejemplos llamativos de falta de correlación entre lo cotizado a lo largo de la vida laboral y el derecho prestacional causado, suscitando, si así se desea, todo tipo de agravios comparativos entre personas y colectivos, tanto en el sentido manifestado en los ejemplos contenidos en las alegaciones de la entidad gestora como en sentido inverso (baste pensar que un trabajador que tenga veinte o más años de cotización a tiempo completo a lo largo de su vida laboral se puede ver privado de la protección del sistema de Seguridad Social por no alcanzar la carencia específica si en los últimos quince años de su vida cotiza a tiempo parcial con coeficientes muy bajos, lo que constituye un significativo ejemplo de ruptura del principio de contributividad al recibir un retorno cero por sus cotizaciones a lo largo de décadas, una ruptura producida precisamente por la aplicación de unas medidas supuestamente contributivas, como son el periodo de carencia y el coeficiente de parcialidad)". Se puede decir más alto, pero no más claro, el principio de contributividad es una gran mentira.

Recomendación 12 | Edad de jubilación

La Comisión apuesta, al igual que el ministro José Luis Escrivá, por que "la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida". Para ello, "es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación", indica el Pacto, que insta a los poderes públicos "a atender las situaciones de vulnerabilidad que esta tendencia" podría provocar en determinados colectivos.

También apuesta por revisar el acceso a la jubilación anticipada, de manera que los coeficientes reductores sean equitativos y emplaza al Gobierno a proponer una respuesta "en el plazo máximo de 3 meses" ante la Comisión.

Comentario: Pero, ¿de eliminar la edad de jubilación con 67 años, no hablamos, no?. Incrementar la edad de jubilación más allá de los 65 años es contrario a diversa normativa internacional (acceso aquí). Y, además, discriminatorio respecto a las mujeres, con carreras de cotización menores a la de los hombres. Y eso se ve en el acceso a la pensión de jubilación, que es muy inferior en número.

Recomendación 13 | Viudedad y orfandad

La Comisión propone "llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral" de las prestaciones de viudedad y orfandad, manteniendo su carácter contributivo. La revisión de las pensiones de viudedad "pasa por acomodar la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos".

El Pacto de Toledo considera que la protección social "debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos", para lo que propone aumentar "el porcentaje de la base reguladora de la pensión". Sobre las pensiones de orfandad, el texto apuesta por una mejora "especialmente en la cuantía", entre otras cuestiones.

Comentario: Miedo me da. Cuando la cuestión era como igualar las parejas de hecho con las matrimoniales para que no hubiese discriminación, parece que el PT va por el sentido de igualar por abajo, es decir, dificultando el acceso. En una próxima entrada ampliaré esta cuestión. Y sí, las pensiones de orfandad son absolutamente insuficientes.

Recomendación 15 | Un sistema suficiente

El Pacto de Toledo continúa con una recomendación 15, tras suprimir una 14 de acuerdos previos, en la que defiende la solidaridad del sistema público de pensiones y de el establecimiento de pensiones suficientes "como garantía de la dignidad de la persona". Para concretar este último concepto, la Comisión cree necesario "establecer alguna referencia adecuada", como puede ser la llamada 'tasa de sustitución' (que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores ), "que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas".

Se reitera también el apoyo "al mantenimiento de las cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión de nuestro sistema" y se añade que los complementos a mínimos de las pensiones, como manifestación práctica de ese sistema solidario, deben ser asumidos por impuestos (Presupuestos Generales del Estado) y no por cotizaciones sociales.

Comentario: Más de lo mismo con respecto a lo expuesto en la recomendación sobre el sistema de financiación y la contributividad. Por cierto, recuerden que Marea Pensionista exige una pensión mínima de 1.080 euros, y que el SMI es muy superior a la pensión mínima. Para mí, los actuales complementos ni son dignos ni suficientes. Más aún si tenemos en cuenta que el 24% de las pensiones son mínimas.

Recomendación 16 | Sistemas complementarios

Aunque la apuesta central es por el sistema público de pensiones, el Pacto de Toledo reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones, en especial de los planes de trabajo (segundo pilar de las pensiones), que negocian empresas y trabajadores y "que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro". La Comisión se alinea con la AIReF y considera que deberá dotarse a estas entidades gestoras de los planes de empleo "de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros".

En cuanto a los sistema de pensiones individuales, el llamado tercer pilar, el Pacto de Toledo sostiene que "la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores".

Comentario: Ojo, por aquí nos quieren colar la privatización de las pensiones....si no son suficientes, hay que suscribir un plan de pensiones privado...

Recomendación 17 | Mujeres

La Comisión recuerda que "es necesario garantizar la igualdad efectiva en el ámbito laboral" y en el de las pensiones y reconoce que las actuales brechas de género. Para combatirlas, se apuesta por "acometer de modo enérgico la cuestión de los cuidados con el objetivo de que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a cargo no generen vacíos de cotización por esta causa", por "potenciar la corresponsabilidad" a través de herramientas como los permisos parentales, se reclaman "medidas que permitan identificar las discriminaciones retributivas" y llama a introducir "las correcciones" para solventar los vacíos en las carreras de cotización por la irregularidades de las carreras profesionales, por ejemplo en el empleo del hogar.

La Comisión también emplaza a impulsar "reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios" con los trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres, como ha indicado ya la justicia europea y el Tribunal Constitucional.

Comentario: Ya he hablado muchas veces de esto, y que nuestro sistema de pensiones, en clave de género, no se sostiene por ninguna parte. Aquí lo explico de forma amplia: https://miguelonarenas.blogspot.com/2017/05/la-lectura-de-la-reforma-del-sistema.html

Recomendación 17 bis | Jóvenes

El Pacto de Toledo hace un llamamiento a la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes y a potenciar su confianza en el sistema de la Seguridad Social. Una medida concreta que incluye al respecto consiste en adoptar "medidas legislativas definitivas encaminadas a garantizar y a mejorar la protección social del colectivo de becarios".

Comentarios: Pues nada, esperemos que el llamamiento sirva para que desaparezca la precariedad laboral de los jóvenes. Aunque me parece a mí que solo con el llamamiento, no va a ser suficiente. ¿Y si se deroga la reforma laboral?.

Recomendación 18 | Personas con discapacidad

El documento recoge que "deben intensificarse las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos a la activación" de las personas con discapacidad, favoreciendo su acceso a un empleo digno, suficiente y de calidad, para lo que se reitera "que la legislación debe facilitar la incorporación inclusiva al mercado de trabajo de este colectivo y, también, propiciar su mantenimiento en su actividad profesional". En concreto, se recomienda "seguir introduciendo modificaciones en la normativa de Seguridad Social que afecten, entre otras cuestiones, al régimen jurídico de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente y a su compatibilidad con la realización de un trabajo, evitando la litigiosidad existente en este ámbito".

Comentario: El foco no está bien dirigido. Y con esto demuestran los políticos lo lejos que están de la realidad social. Hoy la litigiosidad no viene por la compatibilidad pensión-incapacidad, perfectamente resuelta por el TS y el art. 198 LGSS (aquí lo explico), sino por las enormes dificultades que tienen para acceder la jubilación anticipada por razón de la discapacidad (aquí lo explico) o por la doctrina del STS respecto al art. 4 del RDL 1/2013 (aquí lo explico).

Recomendación 19 | Trabajadores migrantes

Bajo la premisa de que la inmigración ayudará a fortalecer el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población en España, el Pacto de Toledo apuesta por la llegada de personas canalizada "a través de mecanismos que garanticen la incorporación de personas migrantes al mercado de trabajo", para lo que se valora positivamente "la articulación de canales para facilitar la inmigración legal, incluyendo cauces para la inmigración de carácter circular y/o estable".

Se añade que "requieren atención los procesos de gestión de autorizaciones de residencia y trabajo de las personas extranjeras menores de edad que llegan a España sin acompañamiento", con el fin de favorecer su incorporación plena al mercado laboral. Destaca también la llamada a que la Administración intensifique "su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes", así como las situaciones de explotación.

Comentario: Tema complejo y delicado, desde luego. No sé si es en esta Comisión donde se debe analizar esta cuestión, pero desde luego, la situación de los MENAS debe abordarse desde la absoluta necesidad de que sean acompañados desde el principio, aplicando las políticas necesarias para su educación e integración plena, no desde la actual criminalización y abandono que están sufriendo.

Recomendación 19 bis | Digitalización

El Pacto de Toledo se detiene en la digitalización con una recomendación específica en la que advierte de su afectación "directa a la organización del trabajo y a la ordenación de las relaciones laborales". La Comisión destaca que "resulta clave" favorecer la inclusión de los trabajadores dentro del sistema, "como fórmula para combatir la economía informal y garantizar la protección ante situaciones de necesidad" y cita la sentencia del Supremo sobre Glovo como referencia para la "imprescindible" lucha contra los falsos autónomos.

Por otro lado, dado que las relaciones laborales de estas plataformas digitales muchas veces son esporádicas e intermitentes, la Comisión señala el riesgo de una protección social contributiva insuficiente. En este contexto, el Pacto considera que "hay que reforzar los mecanismos no contributivos, típicamente solidarios, del sistema".

Ante el riesgo a una reducción de los ingresos de la Seguridad Social debido a la digitalización, el documento alerta de "la necesidad de corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX". La Comisión añade una reflexión: "Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".

Comentario: "Yo, Robot". Me quedo sin palabras ante los argumentos de la Comisión... ¿"reforzar los mecanismos no contributivos'?. Y si lo que hacemos es redistribuir la riqueza....en fin.... Es seguir cambiando el foco para no discutir el necesario incremento de las cotizaciones sociales de las empresas. Y además. abordar su progresividad. No es de recibo que empresas de gran tamaño coticen en la misma proporción que un empresario individual. Pero ese tema, no está encima de la mesa.

Recomendación 20 | Control Parlamentario

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tiene naturaleza de comisión permanente y el Gobierno comparece anualmente ante ella para informar de la situación de la Seguridad Social. A juicio de la comisión, conviene "intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social".

El Pacto de Toledo recuerda por último que, transcurridos al menos cinco años desde su aprobación, "el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como a una evaluación de su grado de cumplimiento, mediante los instrumentos parlamentarios específicos para ello".

Comentario: Y si puede ser, que escuche la voz de la calle (COESPE).

Corolario. Creo que las recomendaciones del Pacto de Toledo solo son la excusa para una nueva reforma del sistema de pensiones, en forma de recortes. Atentos a la jubilación anticipada voluntaria -o va a desaparecer o a endurecer el acceso-, las pensiones de viudedad -parece obvio que van a introducir la dependencia económica como requisito- y se mantiene la doble edad de jubilación, discriminatoria para las mujeres, con 65 y 67 años, en función de los años cotizados. Sigue el "maquillaje" en materia de brecha de género y no se abordan los insuficientes complementos de mínimos ni las paupérrimas pensiones no contributivas de invalidez y jubilación... Pero si todos están de acuerdo, va a ser difícil evitarlo.


¿La primera Comisión del Pacto de Toledo?


2 comentarios:

  1. Gran análisis. Amplío, crítico y ajustado a socialmente. Felicidades amigo, todos los días aprendo un poco más siguiéndote