INFORME INTERESANTE DE CONOCER POR REPERCUSIONES DE CARA A NUESTRO SISTEMA DE SEG.
Valoración del Informe para la Reforma del Sistema Tributario de la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno, en relación con la propuesta de la Reforma tributaria presentada por CC.OO.
4 de abril de 2014
Introducción.
El pasado 14 de marzo
se hizo público el Informe para la Reforma del Sistema Tributario
No es de extrañar
este resultado, toda vez que el propio mandato del gobierno, no planteaba una
reforma integral en términos de eficiencia, equidad y suficiencia, sino que
limitaba la reforma a los objetivos de corto plazo del gobierno de cumplimiento
de objetivos de sus compromisos de déficit, de una parte, evitando en lo
posible la subida de impuestos, e incluye a su vez comentarios sobre la unidad
de mercado en referencia fundamentalmente a la capacidad fiscal de las
Comunidades Autónomas.
En claro contraste
con la Propuesta de Reforma del sistema Tributario de la CE, CCOO, ha hecho un
planteamiento, y así lo esta desarrollando, de largo plazo que permita hacer frente
a déficits estructurales, sin obviar las necesidades de corto plazo, centradas
fundamentalmente en políticas activas de empleo y de reinserción social, que
exigen políticas de gasto y de ingresos que lo hagan posible, modificando y
haciendo evolucionar las figuras impositivas actuales o desarrollando en su
caso otras nuevas.
La propuesta de CCOO
se orienta hacia un modelo tributario eficiente, que aumente el crecimiento
económico y favorezca el empleo, con un efecto redistributivo, que disminuya
desigualdades, contribuya a la equidad del sistema y permita una recaudación
suficiente, para poder alcanzar los objetivos en el corto y en el largo plazo.
En este sentido,
nuestras propuestas de políticas de empleo y reinserción de colectivos
1. La propuesta de la Comisión de Expertos
nombrada por el Gobierno.
La propuesta de la CE
se articula sobre dos Ejes principales:
·
Reducción
compensada de Impuestos directos, a realizar en una primera fase inmediata en
2015.
·
Devaluación
fiscal, que significa reducción de costes del factor trabajo mediante reducción
de cotizaciones sociales empresariales, a realizar en fase posterior.
El resto de campos de
posibles campos de actuación (lucha contra el fraude, unidad de mercado, etc.)
aunque tienen presencia en la propuesta reciben un tratamiento de mucha menos
importancia.
1.1 Reducción de impuestos Directos “compensada” aumentando los Indirectos.
La CE propone actuar
sobre las distintas figuras tributarias en los siguientes términos:
Reducción del impuesto de IRPF.
Se propone actuar
sobre la Base general modificando la escala actual a un máximo de 4 tramos,
reduciendo tanto los mínimos, al 20%, y el máximo, por debajo del 50%.Se
propone actuar sobre los mínimos exentos.
Por su parte,
respecto de la Base de ahorro se propone un tipo único llevándolo al mínimo
Respecto a los bienes
inmuebles, se propone recuperar la tributación por el uso de la vivienda
habitual, previa a la modificación futura de IBI, desaparición de la deducción
por vivienda habitual e inclusión de la renta del capital inmobiliario en la
base del ahorro.
Se propone el
establecimiento de un Régimen especial para no residentes.
Por su parte también
se incluye propuestas orientada a la eliminación de reducciones y exenciones, y
a la desaparición de métodos objetivos (módulos).
Los efectos de estas
medidas son una menor recaudación en torno a 7.000 millones de euros a los que
habría que añadir 3000 millones de euros de menor recaudación en imposición
sobre el capital e impuesto de sociedades, que se compensaría a través de
imposición indirecta, fundamentalmente IVA, por un importe similar.
Como puede verse
sobre la principal figura recaudatoria del sistema la posición que toma la CE
es claramente regresiva. Limita y reduce la progresividad en la base general
del impuesto al reducir los tipos en las rentas más altas y la elimina en las
rentas del capital, haciendo una discriminación negativa de rentas procedentes
del trabajo frente a las de capital, denominadas del ahorro que sólo pueden
realizar las rentas con mayor capacidad de ahorro, es decir las más altas.
Entendemos que la propuesta de la CE incumple claramente los principios de
equidad y suficiencia, y con una eficiencia económica escasa ya que plantea un
aumento en acumulado
de tres años del 0,2% en empleo y del 0,3% en producción.
En relación con la
propuesta de CCOO, la diferencia es sustancial pues para nosotros esta figura
es clave en su base progresiva sobre la renta cualquiera que sea su
procedencia. Hemos optado por proponer la desaparición de la estructura dual
del impuesto basada en separar las rentas del trabajo y las del capital, pero
incluso si se mantuviera ésta, las rentas del ahorro deben tener una tarifa
progresiva y aumentar la recaudación sobre los niveles actuales. No obstante, y
a pesar de la clara diferencia que separa ambas propuestas compartimos algunas
medidas recomendadas por la CE, como la eliminación de una gran parte de las
exenciones y reducciones del impuesto o la desaparición de los métodos de
estimación objetiva (módulos).
Impuesto de Sociedades.
La propuesta de la CE
remite a una reducción progresiva de los tipos nominales (25% en 1ª etapa y 20%
en la 2ª) y acercarlos a los efectivos con reducción drástica de exenciones,
reducciones y bonificaciones que distorsionan la base del impuesto. Plantean la
limitación de gastos financieros como deducibles al menos en su totalidad y
teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento y la limitación de amortizaciones.
Exenciones por doble imposición.
Desaparición del
régimen especial de reducida dimensión.
Esta propuesta de la
CE, sugiere una reducción del tipo nominal que no compartimos, unque aborda parte de los problemas de este
impuesto y plantea algunas medidas parciales para su reforma que se pueden
compartir: reducción de bonificaciones, eliminación de régimen especial,… No
obstante, está lejos de abordar una modificación sustancial de esta figura
impositiva.
La propuesta de CCOO
parte de la consideración de modificar este impuesto que había tenido una
fuerte capacidad recaudatoria como consecuencia del “boom inmobiliario” que
difícilmente se recuperará en el futuro y centraba el problema del impuesto en
su complejidad de gestión y dudosa eficiencia económica que a veces se atribuye
a la estructura de esta figura.
Las cuantiosas
exenciones y bonificaciones hacen que hoy tengamos un impuesto con tipos
nominales en la media alta de la UE pero, al tiempo, muy bajos tipos efectivos
que benefician fundamentalmente a las empresas con mayor capacidad de “gestión
fiscal” y les facilitan una mayor vía de elusión fiscal. Por eso la propuesta
de CCOO plantea, mantener los tipos actuales (entre el 20% y el 35% según
tamaño, facturación y antigüedad de la empresa) junto a una reducción drástica
de exenciones y bonificaciones, limitación del periodo de compensación de
pérdidas y de la generosidad en el tratamiento de la consolidación de las empresas
transnacionales, eliminar la posibilidad de tributación de rentas mediante la
atribución de gastos personales a través de estructuras societarias y actuar
sobre regímenes societarios ineficientes como las SICAV, sociedades de tenencia
de activos y similares; finalmente nuestra propuesta incorpora un impuesto
mínimo, que garantice un determinado nivel de ingresos junto a la necesidad de
armonización de este impuesto en el seno de Unión Europea.
Imposición Patrimonial.
La CE plantea la
desaparición del impuesto sobre el patrimonio y la desaparición progresiva de
transmisiones patrimoniales. En relación con el Impuesto de Sucesiones y
Donaciones plantea una tributación
similar en todo el territorio de régimen común con tipos en función del grado
de parentesco, con mínimo exento, entre 4/10% y sobre los que podrían actuar
las CCAA. A medio plazo plantea un IBI y, cuando sea posible, una valoración
homogénea en todo el territorio de los valores de los activos inmobiliarios.
En un momento en que
la crisis está generando una fuerte dualización social, en que una amplia capa
de la población está perdiendo capacidad adquisitiva, llegando en muchos casos
a umbrales de pobreza, como están señalando organizaciones nacionales (Caritas)
e internacionales (OCDE y FMI), en tanto que una parte muy minoritaria de la
sociedad acumula riqueza, llama la atención la insensibilidad de la CE para
eludir la importancia redistributiva y de eficiencia económica que conlleva una
adecuada imposición sobre la riqueza, como han hecho otras comisiones de
expertos internacionales.
La propuesta de CCOO
sí contempla una reactivación y reordenación de los impuestos sobre la riqueza,
por su carácter redistributivo y también de recaudación, a través de los
impuestos tradicionales de patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones
patrimoniales, y de nuevas figuras puestas en marcha como la imposición sobre
depósitos bancarios, a la que se opone la CE, gravar la actividad financiera
como alternativa o establecer la imposición sobre transacciones financieras,
sobre las que la mencionada CE no hace referencia.
Impuesto sobre Valor Añadido.
La CE plantea la
supresión de algunas exenciones, eliminación del régimen de equivalencia y
restricción del régimen simplificado. Pero donde se plantean las modificaciones
mas significativas es en el sometimiento al tipo general del impuesto (21%)
incluso considerando una posible subida de éste, manteniendo el tipo
superreducido (4%) a los bienes y servicios actuales y limitando el IVA
reducido (10%) a vivienda, turismo y transporte de viajeros. Todo por el
objetivo recaudatorio y sustitutivo de la pérdida de recaudación por las
modificaciones a la tributación directa que de manera estructural plantea la
CE. Es decir menos impuestos directos, los más progresivos y adecuados a la
riqueza de las personas y sustituirlos por indirectos, de carácter, en general,
regresivo.
La propuesta de CCOO,
que considera también los aspectos de recaudación del impuesto, sobre todo en
los objetivos de corto plazo, plantea una modificación que reduce los tipos de
IVA, hasta el superreducido, ampliando la aplicación de éste a los productos
propios de una economía familiar (alimentos y energía en el hogar – gas,
electricidad-), utilizando esta medida para incentivar el consumo de los
hogares, al tiempo que se apoya en mayor medida a las rentas más bajas que
dedican una parte mayor de sus ingresos en estos consumos básicos. En cuanto a
la supresión de regímenes especiales y exenciones planteadas por la CE, en
general favorecen una simplificación del impuesto que propugnamos en todas las
figuras, por ello no
compartimos la idea del mantenimiento de la exención por servicios financieros,
aunque la CE la atribuye a la equiparación internacional.
Imposición especial y medioambiental.
La CE hace un repaso
de los impuestos especiales tradicionales (bebida, tabaco...) planteando modificaciones
no demasiado significativas; hace una reestructuración de diversos impuestos
sobre la energía proponiendo un nuevo impuesto sobre residuos nucleares.
Proponen reforzar la unidad de mercado, planteando una unificación de impuestos
medioambientales que sustituirían a los existentes en ámbitos municipales y
autonómicos, con independencia de que su gestión se llevara en dichos ámbitos.
La propuesta de CCOO
consideraba que existían márgenes de homologación con Europa, toda vez que la
recaudación tanto por impuestos especiales como por los relacionados con el
medioambiente se situaban entre 0,6 y 0,8 puntos porcentuales de PIB, mostrando
un diferencial con la UE de más de dos puntos porcentuales, lo que permite
amplios márgenes de actuación en esta materia.
1.2 Devaluación Fiscal.
En esencia, la CE
propone un abaratamiento de los costes laborales mediante fuerte reducción de
las cotizaciones sociales.
Cotizaciones sociales
La CE plantea una
reducción de cotizaciones sociales, pero va más allá y plantea en la práctica
la modificación de la base del sistema de cotizaciones actual del sistema de
reparto, al propugnar la creación de un nuevo impuesto sobre nominas que sustituya y en principio mantenga la recaudación actual, con una distribución de la carga entre trabajadores y empresas destinada a minorar la de éstas y una gestión conjunta con las retenciones del IRPF. La CE plantea cuestiones adicionales: una mayor ligazón de prestaciones a las contribuciones y limitar el uso de bonificaciones.
En una segunda fase,
pretende inducir una devaluación fiscal reduciendo tres puntos las cotizaciones
sociales (-10.000 millones anuales) y aumentando el IVA para compensar la
pérdida de recaudación. Aunque pospone ésta a que mejore la situación
financiera de la Seguridad Social; parece que los expertos no están tan seguros
de las bondades de su planteamiento o de la posibilidad de implementarlo en el
momento actual.
El informe de la CE
estima que su propuesta tiene un efecto positivo sobre el PIB que puede llegar
hasta el 0,7% del PIB y hasta el 0,7% del empleo en el acumulado de tres años,
lo cual es un enunciado bastante confuso. Parece entenderse que la medida tiene
efectos durante un trienio y que en esos tres años el efecto más alto que se
alcanza es del 0,7%, por lo que en media anual el efecto sería mucho menor. La
CE no proporciona, tampoco aquí, la cota inferior del rango en el que se mueven
sus estimaciones. Señala también que las cotizaciones tienen en España un mayor
peso sobre el PIB que en los países de la Eurozona y que esto afecta a
la creación de empleo y a la productividad.
Sin embargo, esto
incide, una vez más, en la idea de segmentar los costes laborales para
compararlos por partes e intentar reducir los mismos. CCOO reitera que lo
relevante para crear empleo y competir vía costes es el porcentaje que
representa el coste por trabajador en relación a su productividad. En España de
los más bajos de los países de la OCDE. Sólo están por debajo de España, la
República Eslovaca, Irlanda, Canadá, República Checa y Polonia, el resto de
países están por encima. Los costes laborales representan el 68% del valor de
cada unidad producida en España, uno de los porcentajes más bajos del mundo
desarrollado, lo que implica que las empresas españolas consiguen uno de los
márgenes por unidad producida más altos. Esta ventaja competitiva de la
economía española desde el punto de vista de los costes ya existía antes del
final de la etapa de crecimiento, aunque con la crisis se acentúa. La
productividad
aparente del factor
trabajo creció en España un 10,5% entre 2007 y 2012, más que en ningún otro
país de la Eurozona, excepto Irlanda. Aún así, su nivel actual se sitúa en un
lugar intermedio. No obstante, la mejora futura de la productividad ya no está
relacionada con el ajuste y reestructuración del aparato productivo (que
basculaba en exceso sobre actividades intensivas en trabajo poco productivo)
sino con la apuesta por un modelo de crecimiento sostenible (una economía con
más industria y servicios de valor añadido, frente a otra más especulativa y de
turismo de menor coste) y el desarrollo de inversiones que aumenten el potencial
de crecimiento de la economía y reduzcan la vulnerabilidad de las empresas y personas
(I+D+i, internacionalización, educación y formación, infraestructuras
rentables, etc).
Por otro lado, España
es uno de los países de la Eurozona donde los costes laborales han crecido
menos entre 2007 y 2012, sólo superada en moderación por Grecia y Holanda.
El Gabinete Económico
de CCOO ha analiza este asunto y concluye que los efectos sobre el crecimiento
y el empleo son pequeños y poco permanentes. Sin embargo, las repercusiones sobre
la distribución de la renta son significativas, beneficiando al 30% de la
población más rico y perjudicando al 70% restante.
Por último, hay que
resaltar que las cotizaciones sociales no son un impuesto sobre la
puramente literaria,
así como las comparaciones internacionales que se hacen sobre el peso de una y
otra.
1.3 Fraude Fiscal.
La propuesta de la
CE, con planteamientos genéricos de lucha contra el fraude, como no podía ser
de otra manera, elogia las capacidades de la administración tributaria, para la
que reclama una mejora de medios materiales y personales, y señala medidas
parciales, que se pueden compartir, de actuación sobre el IRPF y el IVA, las
principales figuras recaudatorias. Sin embargo, elude medidas coercitivas
claras, frente al fraude y la elusión fiscal, haciendo referencia a la
reducción impositiva como desincentivadora del fraude, y obviar un régimen de sanciones
duro pues plantea que éste “resalte más sus aspectos de estigma social que su peso
pecuniario”.
En claro contraste,
la Propuesta de Reforma Tributaria de CCOO en relación al Fraude Fiscal,
reclama un mayor esfuerzo de medios materiales de la AEAT y la modificación de
las figuras impositivas para que su diseño no facilite el fraude ni la elusión
fiscal, a la vez que reclama una modificación del régimen de responsabilidad
tributaria reformando la figura del delito fiscal con un endurecimiento de su
carácter sancionador en todas las fases del procedimiento fiscal. Junto a ello
proponemos elaborar planes anuales y plurianuales de recuperación de cantidades
defraudadas y planes selectivos de inspección sin olvidar campañas de
sensibilización social sobre los efectos negativos del fraude fiscal, cuyo
efecto solo será efectivo si las medidas anteriores se realizan y son
trasmitidas a la sociedad. Asimismo, hay que mejorar los medios materiales y
humanos para garantizar la efectiva recaudación del fraude detectado y las
cuantías, en forma de deuda tributaria, derivadas del mismo. Actualmente 26.000
millones de euros han sido determinados como deuda tributaria y se encuentran
pendiente de cobro.
1.4 Unidad de mercado y Neutralidad fiscal.
Finalmente la CE
realiza una serie de consideraciones sobre la unidad de mercado y la necesidad
de evitar que las competencias fiscales de las comunidades autónomas (CCAA) puedan
afectar al mercado interior español. En general son medidas que, sin negar abiertamente
la capacidad de las CCAA, tratan de acotar y homogeneizar las figuras impositivas
tanto de carácter estatal como las específicas de las CCAA en el marco de la filosofía
que enmarca el informe de la CE.
La propuesta de
Reforma tributario de CCOO opta por reforzar la corresponsabilidad fiscal de las
CCAA y contempla, en el marco general de su propuesta, junto con cada una de
las organizaciones territoriales el desarrollo de esta reforma fiscal en los
marcos competenciales correspondientes
2. Consideraciones finales sobre la propuesta
de la Comisión de
Expertos.
La reforma fiscal
planteada por el informe de la CE se desarrolla en el marco presupuestario definido
por la Actualización del Programa de Estabilidad de 2013, donde los ingresos públicos
se mantendrán en el entorno del 37-38% del PIB en el horizonte de 2016 y el
gasto público se reducirá desde el 43,3% de 2013 hasta el 39,7% para 2016, es
decir, 3,6 puntos porcentuales del PIB en tres años. Por tanto, el marco sobre
el que se desarrolla la reforma delineada por el CE renuncia a recortar los 8
puntos porcentuales de menor presión fiscal que tiene España con respecto a
Europa y deja que todo el ajuste de la consolidación fiscal recaiga sobre el
ajuste del gasto público. Este esquema es opuesto al dibujado en la propuesta
de CCOO.
Pero lo más
sorprendente del informe es que no se detenga a analizar la repercusión de
Llama la atención que
el informe de la CE haya obviado las consideraciones que sobre esta cuestión
han elaborado organismos multilaterales con los que el presidente de la CE,
dice haberse reunido durante los trabajos de la comisión, y gusta citar como
aval de sus postulados. La OCDE acaba de indicar en su ‘Panorama de la sociedad
2014”, que la desigualdad en el reparto de la renta y la exclusión social
podrían enquistarse si los gobiernos no actúan con rapidez para ayudar a los
más vulnerables. Por su parte, el FMI reconoce en un documento de reciente
publicación -donde se analiza la relación entre política fiscal y desigualdad-
el importante papel que juega la política fiscal (tributos y gasto público) en
la redistribución de la renta y que puede jugar la imposición directa en la
lucha contra la desigualdad. La redistribución de la renta producida por las
transferencias públicas en efectivo reduce en un tercio la desigualdad en la
distribución de la renta operada por el mercado. A este recorte de la
desigualdad habría que sumar el inducido por los retornos en especie que
reciben los ciudadanos del sector público (sanidad, educación, vivienda, etc.).
Es importante resaltar que aunque el FMI otorga un poder redistributivo mayor a
las políticas de gasto público, reconoce también el papel que en este terreno
puede jugar la imposición directa sobre la renta.
Es de interés resumir
algunos de los juicios más novedosos que se hacen sobre el aumento de la
desigualdad para España por la OCDE en su Panorama de 2014:
Los ingresos de los
hogares españoles cayeron aproximadamente 2.600 euros por persona entre 2008 y
2012, siendo una de las caídas más fuertes entre los países de la Eurozona.
El 10% de la
población más pobre ha visto caer un 14% sus ingresos entre 2007 y 2010, siendo
el mayor recorte de los países de la OCDE, que en media cayeron un 2%. En 2010,
los ingresos medios del 10% de la población más rica eran 13 veces más altos
que el 10% de la población más pobre.
España teniendo una
tasa de desempleo 2,5 veces más alta que la media de la UE, tiene un gasto de
prestaciones por desempleo y familia apenas por encima de la media UE. El gasto
por desempleo para formación o búsqueda de empleo disminuyó en más de dos
tercios entre 2007 y 2011, y la coordinación entre las oficinas públicas de
empleo regionales y nacionales sigue siendo un desafío.
Los subsidios
monetarios para personas de bajos ingresos (asistencia social) son modestos en
España, alrededor de la mitad del ingreso que define la línea de pobreza.
Las transferencias
públicas no están bien orientadas hacia los más necesitados. Las transferencias
en efectivo destinadas a familias relativamente acomodadas es superior a la de
la mayoría de países de la UE. En 2010, el 30% más rico recibía en España transferencias
un 15% por encima de la media, mientras que el 30% más pobre recibía un volumen
de transferencias un 25% por debajo de la media. Por el contrario, en la UE y
los países de la OCDE, los pobres reciben más transferencia que los ricos. Esta
brecha es aún mayor en España si se considera sólo a los hogares con personas
en edad de trabajar.
La tasa de jóvenes
(de 16 a 25 años) que ni trabajan ni estudian o siguen una formación (los 'ninis'),
uno de cada cinco, es la quinta más alta de la OCDE.
El trabajo sobre
política fiscal y desigualdad en el reparto de la renta publicado por el FMI y
el informe Mirlees apuntan la importancia de evaluar ingresos y gastos de
manera conjunta. El informe de la CE, sin embargo, se limita a redistribuir la
carga fiscal de los ingresos sin reflexionar sobre los gastos y tomando como
dado el nivel de recaudación como, por otro lado, había solicitado el
Ministerio de Hacienda. No obstante, incluso dentro de este constreñido esquema
la Comisión podría haber hecho alguna reflexión sobre una posible redistribución
del gasto entre políticas y programas.
La propuesta de CCOO
si toma en cuenta esta doble perspectiva y a corto plazo propone como se ha
señalado- un aumento de los ingresos para atender urgentemente la situación de los
desempleados en situación más vulnerable, con el fin de mitigar la pobreza y
evitar que el paro se enquiste y se convierta en estructural. Plantea también
un aumento de los ingresos a largo plazo para hacer frente al déficit en la
protección de los jubilados, consecuencia del envejecimiento demográfico. Y
propone una rebaja de la tributación indirecta de los bienes y servicios
básicos (alimentos y suministros del hogar) con la intención de aliviar la
situación de los menos favorecidos y fomentar -dentro de un planteamiento más
estructural- la emancipación de jóvenes y el aumento de la natalidad.
Por último, señalar
que estas comisiones integradas por académicos y expertos
En este sentido, el
informe de la CE es parcial por tres motivos: no estima los efectos de sus propuestas
sobre la equidad, no considera de manera conjunta ingresos y gastos en su análisis,
e invade el terreno de la política planteando una receta escorada hacia una concepción
poco equitativa y redistributiva en aras de una discutible eficiencia económica
en lugar de ofrecer diferentes opciones alternativas.
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